¿Cuál es la indemnización económica por agresión física?

En España, la indemnización por agresión física se rige por el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el Código Penal español, los artículos relevantes relacionados con la indemnización por agresión física son:

• Artículo 109: Este artículo establece que, en los delitos de lesiones, el juez puede imponer al agresor la obligación de indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios causados. La cuantía de la indemnización se determinará en función de los perjuicios sufridos, como las lesiones físicas, las secuelas, el dolor, el sufrimiento, etc.
• Artículo 116: En el caso de delitos de lesiones graves o muy graves, el juez puede imponer una pena de multa y prisión, y también ordenar al agresor que indemnice a la víctima.
• Artículo 119: Este artículo se refiere a las lesiones leves y establece que el agresor será castigado con una pena de multa. También puede ser condenado a indemnizar a la víctima por los daños y perjuicios causados.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece el procedimiento para reclamar una indemnización en casos de agresión física. La víctima tiene derecho a presentar una demanda civil contra el agresor para reclamar una compensación económica por los daños sufridos.

La indemnización económica puede cubrir diversos tipos de daños sufridos por la víctima de una agresión física, entre ellos:

• Daño físico y psicológico: Incluye lesiones, cicatrices, discapacidad temporal o permanente, dolor y sufrimiento emocional.
• Daño moral: Se refiere al menoscabo sufrido en la reputación, la dignidad y el honor de la víctima.
• Daño patrimonial: Comprende los gastos médicos, terapias, rehabilitación, pérdida de ingresos, daño a la propiedad y otros costes económicos derivados de la agresión.

La cuantía de la indemnización económica por agresión física se determina evaluando diferentes factores, incluyendo:

• Gravedad de las lesiones: La intensidad de las lesiones sufridas por la víctima es uno de los principales factores que se consideran al calcular la indemnización. Las lesiones pueden ser evaluadas por expertos médicos y se utilizan tablas de valoración establecidas por los tribunales.
• Secuelas y discapacidad: Si la agresión física causa secuelas permanentes o discapacidad a largo plazo, la indemnización se incrementará en función de la gravedad y las limitaciones que éstas conllevan para la vida de la víctima.
• Perjuicio estético: En casos en los que la agresión causa cicatrices o deformidades faciales, se considera el perjuicio estético como un factor adicional para determinar la cuantía de la indemnización.
• Daño psicológico y emocional: El sufrimiento emocional y psicológico experimentado por la víctima también se tiene en cuenta al calcular la indemnización. Puede requerirse la evaluación de psicólogos o psiquiatras para determinar el impacto psicológico de la agresión.
• Edad de la víctima: La edad de la víctima es un factor relevante, especialmente en casos de agresiones a menores. Las lesiones sufridas por los niños o adolescentes pueden tener un mayor impacto y, por lo tanto, la indemnización puede ser más elevada.

En España, el baremo de indemnización por delito de lesiones se establece en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Esta ley, también conocida como el Baremo de Tráfico, establece un sistema de valoración de los daños corporales y morales causados a las personas en accidentes de tráfico, pero también es utilizado como referencia en casos de indemnización por delito de lesiones.

El baremo establece una serie de tablas y criterios para determinar la cuantía de la indemnización en función de diversos factores, como la gravedad de las lesiones, las secuelas, el impacto en la vida diaria de la víctima, entre otros.

La persona responsable de la agresión física es quien tiene la obligación de pagar la indemnización a la víctima. Esto significa que el agresor, ya sea una persona física o jurídica, es el responsable de compensar los daños y perjuicios ocasionados a la víctima.

En casos de agresión física, la indemnización puede ser establecida por un juez en el marco de un proceso penal o a través de un proceso civil iniciado por la víctima. En ambos casos, si se determina que el agresor es responsable de los daños causados, se le requerirá que pague la indemnización correspondiente.

Es importante destacar que en algunos casos, si el agresor no tiene los medios suficientes para hacer frente a la indemnización, la víctima podría tener dificultades para obtener la compensación. En tales situaciones, existen mecanismos legales para intentar recuperar la indemnización a través de embargos u otros procedimientos, pero su éxito dependerá de la situación financiera del agresor.

Si la agresión se produce en el contexto laboral, donde un empleado agrede físicamente a otro empleado, el empleador también puede ser considerado responsable de los daños y perjuicios causados, de acuerdo con la legislación laboral y las normas de responsabilidad civil.

Para solicitar una indemnización por agresión física, es necesario seguir ciertos pasos legales:

• Denuncia: La víctima debe presentar una denuncia ante las autoridades competentes, detallando los hechos y solicitando una investigación.
• Evaluación médica: La víctima debe someterse a una evaluación médica para documentar las lesiones sufridas y establecer su relación con la agresión.
• Asesoramiento legal: Es fundamental contar con un abogado especializado en derecho penal para asesorar y representar a la víctima durante todo el proceso de reclamación.
• Negociación o juicio: Dependiendo de las circunstancias del caso, puede ser posible llegar a un acuerdo extrajudicial con la parte responsable o, en su defecto, acudir a un juicio donde se determinará la cuantía de la indemnización.

Prescripción de la indemnización

Es importante tener en cuenta que la reclamación de indemnización por agresión física está sujeta a plazos de prescripción. En España, el plazo general es de cinco años a partir del momento en que se produce la agresión. Sin embargo, existen excepciones en casos de víctimas menores de edad o personas con discapacidad.