Defendemos tu derecho a la presunción de inocencia

El derecho a la presunción de inocencia está recogido, no solo en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, sino como garantía en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en diversos acuerdos y Tratados Internacionales.

Es el derecho fundamental de cualquier investigado a ser considerado como inocente hasta el momento en que exista una sentencia condenatoria, y esta presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases de cualquier proceso penal. La inocencia de una persona se establece como norma, y es la persona que acusa la que debe demostrar que existe una culpabilidad.

Hasta ahí, bien. Pero, a día de hoy, ¿esta premisa se cumple? ¿Se trata como inocente a una persona hasta que hay una sentencia condenatoria? ¿Existen siempre pruebas de cargo para enervar este principio de presunción de inocencia? ¿Se cumplen las garantías necesarias en estos casos?

El cumplimiento de este derecho es de vital importancia, sobre todo para personas investigadas en un procedimiento penal, para las cuales en muchos casos se produce una estigmatización debida a los protocolos aplicados (medidas cautelares poco fundamentadas, órdenes de alejamiento, prisión provisional, etc.), tras la que a veces resulta muy complicado recomponerse.

En teoría, cualquier acusado debe ser considerado como inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero ¿esto en realidad se cumple? Desde el momento en que se produce una detención policial, en ocasiones con su correspondiente estancia en calabozos, esa persona siente que, tanto su presunción de inocencia como su derecho al honor, se están viendo gravemente vulnerados, ya que el simple hecho de tener que informar de ello a familiares, o en el trabajo, supone que estos principios queden en entredicho, y en muchas ocasiones, el entorno o la sociedad juzga y acusa a los investigados directamente desde que se produce el hecho en cuestión, por no hablar de todos los juicios mediáticos que tienen lugar hoy en día través de las redes sociales u otros medios de comunicación, los cuales en multitud de ocasiones se basan únicamente en el testimonio del acusador, careciendo completamente de rigor, exponiendo la versión de esa parte a la opinión pública y provocando con ello un juicio paralelo, que incluso se traduce en presión y en dura crítica a los propios Tribunales.